El Real Decreto 1056/2014 expedido el 12 de diciembre de ese mismo año, regula las condiciones básicas de emisión de la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad y movilidad reducida, con el fin de disminuir la desventaja con la que viven respecto al resto, a la hora de realizar las tareas cotidianas. Cada Comunidad Autónoma se encarga de expedirla a sus ciudadanos, aunque su funcionamiento está extendido a todo el territorio español sin importar dónde haya sido expedida.
La tarjeta en cuestión se concede con carácter general a aquellos ciudadanos con una discapacidad que les impida moverse con normalidad o que tengan una reconocida condición de discapacidad; estas circunstancias han de ser comprobadas mediante la presentación de partes médicos que así lo acrediten. Es importante tener en cuenta que, aunque tenga validez nacional, cada región tiene sus condiciones particulares de uso. Por ejemplo, en algunas regiones el propietario de dicha tarjeta podrá usarla en cualquier vehículo que use, sea de su propiedad o no, lo esté conduciendo personalmente o no, mientras que en otras solo podrá usarla en vehículos propios.
